¿Lista negra migrante? Mississippi aprueba ley para registrar a indocumentados y preocupa a la comunidad
Una nueva ley en Mississippi abre la puerta a que las policías estatales creen un padrón oficial de personas sin papeles. Entra en vigor el 1 de julio y, aunque su aplicación real aún es un misterio, ya generó alarma en la comunidad latina por su posible conexión con las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.
Qué dice el proyecto y la incógnita de ICE
El SB2114 autoriza al Departamento de Seguridad Pública a emplear “todas las vías legales de investigación” para contabilizar e identificar a lo que la ley llama “extranjeros ilegales”. El listado incluiría nombre, dirección, país de origen y edad, además de posibles antecedentes penales y fechas de comparecencia migratoria.
Los datos pasarían a autoridades locales y estatales, pero la ley es deliberadamente vaga sobre si estos se compartirán con ICE. No lo dice, pero tampoco lo prohíbe.
Para las familias latinas, esto no es solo un trámite burocrático. Historial de listas en tiempos de guerra y operativos migratorios recientes han demostrado que, en cuanto se pone un nombre en un papel, la puerta se abre a la vigilancia sistemática.
El miedo de un conteo permanente
Uno de los puntos que más tensiona a los defensores de derechos migratorios es que el registro no sería puntual: la ley exige un censo continuo durante dos años. Para muchas personas en proceso legal, eso es una pesadilla logística y emocional que puede afectar hasta sus desplazamientos diarios.
“Puede que alguien sea indocumentado hoy y que tenga estatus legal mañana, y que el mes siguiente lo pierda, y que en tres meses más lo recupere”, dijo Efrén Olivares, vicepresidente de temas sobre litigación y estrategia legal del National Immigration Law Center, un grupo sin fines de lucro que aboga por personas migrantes de escasos recursos.
“Es prácticamente inviable, pero aún así es muy preocupante porque recuerda a cómo otros países han creado listas de ciertas clases de personas”, dijo.
Una visa que está por vencerse, un trámite de green card pendiente o un cambio de dirección pueden desencadenar alertas en el sistema. En un estado con una presencia migrante relativamente baja, el enfoque se siente desproporcionado. Según el Censo y el American Immigration Council, Mississippi alberga apenas 28,000 personas indocumentadas, menos del 1% de su población total.
Voces a favor y la ola nacional
La senadora estatal republicana Angela Hill defendió la iniciativa bajo la premisa de que los estados deben colaborar con Washington para frenar la migración irregular. Aunque no aportó datos concretos, vinculó directamente este tipo de inmigración con el contrabando de personas y el narcotráfico.
“Me parece de sentido común”, afirmó. “Para atender el problema tenemos que saber de qué magnitud es, y una manera concreta de hacerlo es identificando la cantidad e identidad de extranjeros ‘ilegales’ en Mississippi”.
Jessica Vaughan, directora del Center for Immigration Studies, organización que promueve restricciones migratorias, también respaldó la medida.
“Aumenta la probabilidad de que la presencia ilegal de alguien va a llamar la atención de autoridades federales”, afirmó, al coincidir en que la ley “tiene sentido”.
“Las autoridades estatales de cualquier manera tienen que establecer una manera creíble y legítima de determinar cuál sería el estatus migratorio de alguien”, señaló.
La tendencia que ya cruza el país
Mississippi no está solo. Según el conteo de The Associated Press, más de 100 leyes relacionadas con políticas migratorias ya se han activado este año en distintos estados. En territorios republicanos, el rumbo es claro: obligar a las policías locales a firmar acuerdos con ICE y limitar el acceso a servicios públicos para personas sin papeles, en sintonía con la agenda federal.
En cambio, las legislaturas demócratas han respondido con escudos: leyes que blindan la información de la comunidad, normativas que prohíben a los agentes de inmigración usar caretas en operaciones o que restringen la cooperación con ICE.
El proyecto de Mississippi también tiene un pariente directo en el sur: una orden ejecutiva de 2021 del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que pidió a todas las fuerzas del orden aplicar “todas las vías legales de investigación” para listar a personas extranjeras sin documentos. La AP intentó consultar al gobierno de Florida sobre los resultados de esa medida, pero no obtuvo respuesta.
A nivel federal, la administración Trump recuperó el año pasado una ley de hace décadas para obligar a las personas migrantes a registrarse, cerrando un círculo donde los registros estatales y federales parecen tender a converger. Para la comunidad latina, la pregunta ya no es solo qué dice la ley, sino qué pasará con los nombres que terminen en ese listado.
